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Los comicios del 4 de julio estuvieron plagados de irregularidades. Los triunfos de la oposición no deben ocultar los delitos y abusos cometidos
Rogelio Gómez-Hermosillo Marín (Artículo publicado en Enfoque-Reforma) Ciudad de México (11 julio 2010).- Hubo varios vencedores y vencidos, pero uno de los grandes derrotados en las elecciones del domingo pasado fue la legalidad democrática y la calidad de la elección. Pese a que en Oaxaca y Puebla los operativos para coaccionar el voto no fueron eficaces, no se debe obviar que estos constituyen delitos y violaciones a la Constitución.
La observación electoral realizada por Alianza Cívica, bajo el lema "Juego Limpio-Voto Libre 2010", permitió recoger reportes ciudadanos de acciones ilegales. A través del sistema cuidemoselvoto.org se recibieron 243 reportes de la ciudadanía. De ellos, 76 corresponden a Puebla, 73 a Hidalgo, 68 a Oaxaca y 26 a Veracruz. La cantidad de reportes refleja los hechos sucedidos y la red ciudadana que participó en este proyecto.
Las mayores incidencias fueron: 40 reportes de proselitismo el día de la elección; 26 sobre acarreo de gente a votar; 22 sobre compra de votos; 21 sobre reparto de despensas y materiales y 12 sobre violencia y desorden en las casillas. La ciudadanía en Puebla fue la más activa en denunciar y, en segundo lugar, las denuncias provinieron de Hidalgo.
Uno de los patrones que aparecen es la coacción sobre trabajadores de gobierno que fueron obligados a "juntar" listas de votos comprometidos. Esto sucedió en bachilleratos de Hidalgo y en el Instituto del Transporte de ese estado, así como en varios ayuntamientos de Oaxaca, como Pinotepa Nacional, y de Puebla, como Huauchinango.
La participación abierta de los gobernadores –ratificada con la divulgación de grabaciones de sus conversaciones telefónicas– fue reportada por la ciudadanía.
Un caso muy grave es el allanamiento y desmantelamiento de un centro operativo de Xóchitl Gálvez en Pachuca, realizado por la Procuraduría estatal con el pretexto de que había armas.
Muchas de estas acciones constituyen delitos. Las debe perseguir el Ministerio Público, pero esto no funciona.
Desde los años noventa se incluyeron en el Código Penal y se tipificaron como delitos electorales la compra de votos, el condicionamiento de programas o servicios gubernamentales, la presión sobre los empleadores y el uso de recursos públicos para campañas políticas. Parece adecuado, pero en la práctica los delitos electorales no se han podido detener.
El Ministerio Público y las fiscalías especializadas –como la de la PGR– no han podido integrar una averiguación previa sólida y llevar a juicio a algún delincuente electoral. El carácter penal de estos hechos resulta casi imposible de sancionar.
Por su parte, las autoridades electorales no investigan y no sancionan a los gobernantes que intervienen abiertamente con recursos públicos en las campañas. En 2007, se reformó el artículo 134 de la Constitución para prohibir la participación de servidores públicos que afecte la equidad de la contienda en los partidos. El IFE se desentiende de esta disposición cuando se trata de procesos locales y los institutos estatales también. Además el Cofipe omitió el apartado de sanciones a los servidores públicos que violen esta disposición constitucional.
Los medios de comunicación también hicieron su parte. Se lleva el primer lugar la televisión de Hidalgo y, en particular, la radio y TV del gobierno del estado. Su enfoque sesgado y agresivo contra la oposición configuraría un caso de "uso de recursos públicos" según muestra el monitoreo de Alianza Cívica.
Los resultados pueden ser satisfactorios para quienes contendieron contra las maquinarias gubernamentales. Hubo seis estados que lograron alternancia del partido del gobernador(a). Sin embargo, la voluntad ciudadana y la ineficacia de los operativos de coacción no deben ocultar que los delitos se cometieron, que se violó la Constitución y que los institutos estatales fueron incapaces de indagar sobre estos hechos. El crecimiento del "voto libre" es buena noticia, la impunidad de las acciones de coacción no lo es.
Dado el sesgo e incapacidad demostrado por las autoridades electorales locales, urge el debate sobre la posibilidad de constituir al IFE en Instituto Nacional de Elecciones, responsable de los aspectos técnicos de las elecciones. Además se debe modificar el procedimiento de nombramiento de consejeros para evitar las cuotas partidistas y recuperar el carácter autónomo del árbitro electoral.
El otro paso sustancial es obligar a que los candidatos ganadores que promueven la democracia establezcan compromisos precisos para establecer órganos electorales, comisiones de derechos humanos, institutos de transparencia, órganos de contraloría y de procuración de justicia, con plena autonomía.
El autor es presidente de Alianza Cívica.
http://twitter.com/rghermosillo
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